Los socialistas, que habían perdido contra pronóstico propio las anteriores elecciones generales, las de marzo de 1979, optaron en aquel momento por una frase corta y clara que movilizara a sus electores progresistas y que a la vez sumara el apoyo de electores independientes que deseaban cambios, fundamentalmente sociales y económicos, tras los primeros años de avances políticos con motivo de la transición democrática. La reforma política, liderada por Suárez, había sido exitosa, pero la crisis económica era aguda y no se había logrado remover estructuras sociales, administrativas y económicas que de alguna manera obstuculizaban la modernización del país, que situaban al gobierno como un poder lejano, distante, ajeno a los intereses populares. Felipe González lo explicó con pocas pero significativas palabras: "Que España funcione. Consiste en que España sea gobernada, que haya una administración al servicio del ciudadano". Ése fue el éxito del PSOE, en un momento de crisis y descomposición del partido del gobierno, UCD, con el recuerdo muy reciente del superado intento de golpe de estado del 23F, los socialistas y Felipe González intentaron encarnar en esa campaña electoral las ansias de cambio muy arraigadas entre los españoles. De hecho su victoria fue rotunda, con 202 diputados sobre 350 electos, la más amplia conocida en la democracia reciente española.
sábado, 21 de mayo de 2011
Vivimos días de intensísima actividad política. Apenas faltan unas horas para unas elecciones municipales en toda España y autonómicas en 13 de sus comunidades autónomas, multitudinarias concentraciones populares antisistema se desarrollan con éxito en muchas de nuestras ciudades..., y tal vez sea el momento de "reflexionar" desde el conocimiento sobre cómo nuestra democracia resuelve el problema de conjugar la participación política con la gobernabilidad de nuestras instituciones: la solución dada es la representatividad, o sea, que el titular de la soberanía (del poder de decisión), el pueblo español, elige con cierta periodicidad y somete a diversos controles (políticos, judiciales, sociales como la prensa...) a sus representantes. De este modo se justifica la elección de diputados, senadores, diputados autonómicos, concejales de los ayuntamientos... El cauce principal -no único- de organización de esa representación política, según nuestra actual Constitución, lo constituye la participación política a través de los partidos y la facultad reconocida con carácter general a los ciudadanos a ser electores (derecho de sufragio activo) y elegidos (derecho de sufragio pasivo).
¿Por qué el sistema constitucional español prima tanto la representación de partidos políticos frente a la representación personal, o expresiones de democracia directa como el referéndum que se prevé pero con restricciones y limitaciones notabilísimas? La respuesta nos la dan en buena medida los redactores del anteproyecto de la Constitución actual, y fue fruto de un acuerdo político muy amplio, hasta hace muy poco no cuestionado: la necesidad de favorecer la gobernabilidad de las instituciones permitiendo que el partido que gane obtuviese una representación mejorada de la que proporcionalmente le corresponde por sus votos, evitando que los grupos pequeños (con la excepción de los nacionalistas y regionalistas) pudieran mediatizar la formación de gobiernos. Había aún el recuerdo histórico de la Segunda República con sus coaliciones ingobernables y de confrontación, o la experiencia vecina y más reciente de la República italiana, del efecto pernicioso de aplicar una representación más proporcional. De otra parte, la posición ventajosa de los partidos a efectos de primar su representación (en España la elección del Presidente del Gobierno -monarquía parlamentaria-, presidentes de CC.AA. y alcaldes es indirecta) venía también determinada por el temor histórico a favorecer los personalismos (caudillismos, recuerdo recientísimo de la dictadura franquista...). Esto explica, por ejemplo, que también haya límites fortísimos a la iniciativa legislativa popular, la convocatoria de referendos, en todo caso con valor consultivo, no vinculante...
En los últimos meses se ha polemizado mucho sobre la posible necesidad de, si no cambiar los fundamentos generales del sistema de representación democrático español, sí al menos favorecer su proporcionalidad. El vídeo anterior muestra la pregunta de un internauta al actual presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, sobre la posible conveniencia de, al menos sustituir la Ley D´Hont, la que se aplica para la adjudicación de escaños en el Congreso de los Diputados -el Senado sigue un sistema mayoritario excepcional-, parlamentos autonómicos, cabildos insulares, consells de cada una de las islas Baleares y ayuntamientos de toda España. La Ley D´Hont, tal como se explica en el vídeo siguiente, con carácter general, favorece mucho la representación de los partidos más votados, especialmente del ganador, en las circunscripciones pequeñas, o sea, aquellas en las que se eligen pocos representantes. Casi la mitad de los diputados españoles, por ejemplo, son elegidos en provincias con 6 o menos diputados. El sistema de elección de diputados en España, recogido en la Ley Orgánica -desarrolla un derecho fundamental, el de participación política- del Régimen Electoral General (LOREG), recoge unas reglas que, de hecho, ya se aplicaron en las elecciones generales de 1977. Por tanto, realmente es en origen preconstitucional, y fue fruto de un pacto del gobierno de Adolfo Suárez, reformista franquista, con los principales partidos de la oposición democrática, entonces agrupados en la denominada Platajunta.
sábado, 2 de abril de 2011
Estamos estudiando con detenimiento la Transición democrática y particularmente las elecciones generales que se convocaron durante este periodo histórico: las de 1977, 1979 y 1982.
Tras cuatro décadas de dictadura, el país recuperaba la democracia y con ella un sistema político basado en el pluripartidismo. No olvidemos que fue en los primeros meses de política reformista de Suárez cuando desapareció el Movimiento Nacional.
Básicamente el sistema político español de aquella época quedó organizado de la siguiente forma.
Extrema derecha. Heredera del búnker, o sea, del grupo de franquistas que querían, a la muerte de Franco, prolongar la dictadura. Su líder principal era Blas Piñar. Se presentaron divididos a las elecciones de 1977 y no lograron representación alguna. En 1979 sí se presentaron unidos en Unión Nacional, y Blas Piñar (Fuerza Nueva) fue elegido diputado por Madrid. Tras el intento frustrado de golpe de estado de 1981, la extrema derecha perdió aún más presencia y no obtuvo representación alguna en las elecciones de 1982.
Alianza Popular (AP). Este partido surge como agrupación de grupos políticos de derecha liderados por Manuel Fraga, un político que había hecho carrera durante la dictadura (fue ministro de Información y Turismo), pero que al final del franquismo se había pronunciado claramente a favor de una transición democrática desde el reformismo (o sea, desde la "legalidad" franquista). Su propuesta política fue en buena medida apropiada por Suárez y UCD, por lo que se rodeó de dirigentes políticos que, aunque formalmente reformistas, se identificaban más como nostálgicos del franquismo. En las elecciones de 1977 obtuvo un mal resultado (16 diputados), resultado que aún empeoró más en las de 1979 al lograr sólo 9, ahora Fraga y Alianza Popular encabezando una coalición denominada Coalición Democrática. En 1982, Alianza Popular se presenta junto a un pequeño partido, el Partido Demócrata Popular, (democristianos, Alzaga), y obtiene unos buenos resultados, con aproximadamente el 26 % de los votos y 106 diputados.
Unión de Centro Democrático (UCD). Es el partido que se organiza alrededor de Adolfo Suárez en 1977, entonces Presidente del Gobierno. Agrupa a los antiguos franquistas inequívocamente reformistas, como Suárez, identificados comúnmente como azules, junto a dirigentes políticos de la antigua oposición democrática de centro (democristianos, liberales, socialdemócratas). Ganan las elecciones de 1977 y 1979, pero sin mayoría absoluta. El partido sufre una grave crisis desde 1980. De hecho Suárez dimitió en enero de 1981 como máximo dirigente y Presidente del Gobierno, siendo sustituido en este último cargo por Leopoldo Calvo Sotelo. UCD sufre un espectacular revés electoral en 1982 al obtener solamente 11 diputados. El partido acabó disolviéndose al año siguiente. De otra parte, pocos meses antes de las elecciones generales de 1982, Adolfo Suárez fundó un partido nuevo, también de centro, Centro Democrático y Social (CDS), con el que obtuvo dos diputados.
Nacionalistas de centro catalanes. Se presentan separados Convergencia Democrática de Catalunya (en PDC, liberales y socialdemócratas) y Unió Democrática de Catalunya (democristianos). Desde 1979 lo hacen ya en coalición: Convergència i Uniò (CiU). En las dos primeras legislaturas prestan un apoyo parlamentario limitado a los gobiernos de UCD. Sus máximos dirigentes son Jordi Pujol (que es President de la Generalitat desde 1980) y Miquel Roca.
Partido Nacionalista Vasco. Partido histórico que gana las elecciones en el País Vasco en las tres ocasiones (1977, 1979 y 1982), además de las elecciones autonómicas de 1980. Es la única gran formación política que no apoya la aprobación de la Constitución de 1978 (pide la abstención). Su máximo dirigente de la época, Xabier Arzallus.
Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Partido histórico español fundado por Pablo Iglesias en el siglo XIX. Al final de la dictadura se reorganiza de forma más eficaz al asumir la dirección los militantes del interior que vivían en la clandestinidad política (Felipe González, Secretario Gral.; Alfonso Guerra). En 1978 incorpora al Partido Socialista Popular de Tierno Galván que se había presentado con poco éxito (5 diputados) en las elecciones generales de 1977. El PSOE queda como principal partido de la oposición en las elecciones generales de 1977 y 1979, con 118 y 121 diputados respectivamente. Gana por amplia mayoría absoluta (48 % de votos, 202 diputados) las elecciones generales de 1982. Durante la Transición renuncia al marxismo y se convierte plenamente en un partido socialdemócrata.
Partido Comunista de España (PCE). Partido perseguido duramente durante la dictadura, su dirección se mantuvo en el exilio, pero con una fuerte presencia en el interior (CC.OO., organizaciones vecinales, universitarias...). Con dificultades, logró ser legalizado antes de las primeras elecciones generales, donde obtiene aproximadamente el 10 % de los votos y 20 diputados. Repite prácticamente resultado en 1979 (22 diputados) y sufre una fuerte caída en las de 1982 (4 diputados). Su máximo dirigente es Santiago Carrillo.
Extrema izquierda. Apenas logra representatividad en este periodo. Destaca el nacionalismo radical de izquierda en el País Vasco, donde Herri Batasuna (en la órbita de ETA) logra representación en las elecciones de 1979 y 1982 (3 y 2 diputados respectivamente).
Un especial del diario El Mundo, "30 años de democracia", nos aporta abundante e intersantísima información sobre estos contenidos y otros de naturaleza política referidos a la Transición Democrática.
Trabajamos ya el tema La Transición Democrática y al hacerlo resulta materialmente imposible no acercarnos al sistema de partidos que surge en las primeras elecciones democráticas tras la Dictadura franquista. En el periodo comprendido entre 1977 y 1982 se celebraron tres elecciones generales (o a Cortes), en jjunio de 1977, marzo de 1979 y octubre de 1982, y las primeras elecciones municipales (abril 1979) y autonómicas (a los parlamentos autonómicos) de Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía. Nuestra atención se centra en este post en las elecciones generales y sus resultados.
Elecciones de junio de 1977. Se celebran de acuerdo a lo establecido en la Ley para la Reforma Política, la última Ley Fundamental franquista, aprobada en su momento por las Cortes Españolas y ratificada en referéndum. Aunque el objeto de elección es ya verdaderamente un parlamento (Cortes Generales: Congreso de los diputados y Senado), se mantuvo formalmente aún la denominación Cortes Españolas. En ellas participaron todos los partidos legalizados, incluido el PCE. Aunque formalmente cuando se realizó la elección de los diputados y los senadores no se hizo con la consideración de que iban a ser Cortes constituyentes, de facto sí lo fueron. Fue el propio rey Juan Carlos I, en la sesión constitutiva, quien indicó que la finalidad básica iba a ser esa: elaborar y aprobar una Constitución. El resultado final fue la aprobación del proyecto de Constitución, tras un largo e intenso proceso, en octubre de 1978. Se ratificó por referéndum popular el 6 de diciembre de 1978.
Las segundas elecciones generales se celebraron el 1 de marzo de 1979. No son ya elecciones a Cortes constituyentes, sino constitucionales, porque la Constitución ya estaba aprobada y no había previsión alguna de que fuese a reformarse. La Constitución recogía además ya, de forma clara e inequívoca, la nueva denominación del Parlamento, Cortes Generales, que de hecho es la tradicional que tuvo en España en la edad contemporánea.
La segunda legislatura, la de las Cortes Generales elegidas en marzo de 1979, no cubrió el periodo máximo ordinario previsto en la Constitución, cuatro años, porque el entonces Presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, procedió a la "disolución anticipada". Las terceras elecciones generales (a Cortes Generales) se celebraron el 28 de octubre de 1982.
Hace apenas 20 años, Chile salió de la Dictadura del general Pinochet, y lo hizo democráticamente. El referéndum convocado por el régimen de Pinochet en 1988 para prorrogar su permanencia en el poder se saldó con una victoria de la oposición. Se abría entonces un nuevo régimen democrático que cerraba el paréntesis dictatorial abierto con el golpe militar de septiembre de 1973. Los dos primeros vídeos documentales son spots políticos que publicitaron las dos opciones sobre la que los chilenos tuvieron que optar en aquel momento: la franja del No (de la oposición); y del Sí (de los seguidores de Pinochet). Ganó el No, con el 54 % del voto.
Retomamos la serie "Elecciones democráticas en España" y que nos ha permitido aproximarnos, especialmente desde la publicidad electoral, a las elecciones generales, locales y autonómicas celebradas en España desde la Transición Democrática. Y lo hacemos en esta ocasión con una de las elecciones a Cortes o generales que suscitó mayor participación popular y que, por ende, marcó el cierre de un largo periodo de gobierno socialista, encabezado por Felipe González, y el inicio de una etapa de gobierno del Partido Popular, algo más breve -ocho años-, y bajo el liderazgo de José María Aznar: las elecciones generales del 3 de marzo de 1996.
Hubo una campaña electoral muy disputada. Estuvo precedida por la disolución anticipada de las Cortes al quedarse el Gobierno del PSOE en minoría parlamentaria ante la retirada del apoyo por parte de Convergencia i Unió, quien había apoyado la investidura de Felipe González en 1993. Fue una legislatura corta pero muy polémica, caracterizada por las acusaciones de corrupción de la oposición y buena parte de los medios de comunicación contra el gobierno. De hecho, las encuestas previas a las elecciones apuntaban a una amplia victoria del Partido Popular y una fuerte ascensión de Izquierda Unida, entonces liderada por Julio Anguita. La tendencia apuntada se confirmó finalmente con los resultados, pero no en la intensidad. Al final, el Partido Popular obtuvo una ajustadísima victoria, de apenas 300.000 votos de diferencia sobre el Partido Socialista. Aznar, no obstante, logró articular una mayoría parlamentaria suficiente, al sumar sus 156 diputados, a los aportados por Convergencia i Unió, Partido Nacionalista Vasco y Coalición Canaria, que apoyaron su investidura como Presidente del Gobierno.
domingo, 4 de octubre de 2009
Hemos iniciado hace unas semanas una serie dedicada a las elecciones democráticas en España, desde la Transición hasta nuestros días. Ya hemos abordado algunas citas y seguiremos, claro que sí, pero hoy vamos a hacer un pequeño paréntesis y desplazar la mirada a nuestro país vecino y amigo: Portugal.
Seguimos con nuestra serie de elecciones democráticas en España, y hoy lo hacemos con las generales (a Cortes) de octubre de 1982, las terceras que se celebraron tras el final de la Dictadura de Franco y las segundas constitucionales, o sea, tras la aprobación de la Constitución de 1978.
De todas las elecciones generales de la etapa democrática actual, han sido en las que más alta ha sido la participación y más destacada la victoria del primer partido. El PSOE, entonces liderado por Felipe González, obtuvo 202 de los 350 diputados del Congreso, o sea, mayoría absoluta. También la logró en el Senado. El triunfo socialista produjo la alternancia en el gobierno de la nación pues desde las primeras elecciones democráticas de 1977 la mayoría parlamentaria, relativa y el gobierno habían estado en manos de UCD, con Adolfo Suárez como presidente hasta febrero de 1981, y desde entonces, con Leopoldo Calvo Sotelo.
Como contrapunto a la exitosa jornada del PSOE, otros grupos políticos sufrieron una fuerte derrota, no sólo UCD, que pasó de 168 a 11 diputados, traspiés que provocó su desaparición como partido político, sino también de los comunistas (PCE), de Santiago Carrillo, que sólo lograron 4 diputados cuando en las anteriores elecciones de 1979 habían conseguido 23. La Alianza Popular de Manuel Fraga -integrada en Coalición Popular junto a dos pequeños partidos nacionales (Partido Demócrata Popular y Unión Liberal)– logró ser la segunda fuerza política y pasar de tener una representación casi testimonial en el Congreso de los Diputados a contar con 106 diputados. De hecho, Alianza Popular fue la base de la posterior creación, junto a otras fuerzas políticas y dirigentes independientes de centro-derecha, del actual Partido Popular en 1989.
La victoria del PSOE en esta elección supuso el fin de la Transición como periodo histórico, opinión en gran medida compartida por los historiadores, y muestra de la normalidad democrática de un estado donde sea acepta y aplica el principio de la alternancia política. Por primera vez, desde la Segunda República, la izquierda regresaba al poder en España, y se mantuvo en él hasta 1996, fecha en la que el Partido Popular de José María Aznar ganó las elecciones generales de ese año.
jueves, 27 de agosto de 2009
Historia_a_por_todas, blog de aula especializado en Historia Contemporánea, ha dedicado muchos posts a la Transición Democrática de España. Poco a poco el paso del tiempo lleva a que algunos de sus protagonistas fallezcan y el hecho sea motivo para el recuerdo de aquella época. Hoy ha sido noticia la muerte de Joaquín Ruiz-Jiménez, uno de los fundadores del grupo de oposición democrática de finales del franquismo, Plataforma de Convergencia Democrática, como líder demócristiano, plataforma que posteriormente se integró en la unitaria Platajunta.
Ruiz-Jiménez, no obstante, no tuvo siempre una posición crítica con el franquismo. Al contrario, durante la Guerra Civil fue encarcelado en el Madrid republicano y logró huir a territorio controlado por el bando nacional con el cual combatió. En los años cuarenta y cincuenta ocupó cargos de responsabilidad política en la Dictadura, eso sí, dentro de la denominada familia católica del régimen. De hecho, fue uno de los negociadores del Concordato con la Santa Sede de 1953, un espaldarazo internacional de Franco tras años de aislamiento en la inmediata posguerra mundial. En 1951 fue nombrado ministro de Educación -cargo que le permitió, por ejemplo, acompañar a Franco en la visita que hizo éste a la Universidad de Salamanca para ser nombrado doctor honoris causa tal como vemos en el siguiente documental de NO-DO- pero en 1956 fue cesado por ser considerado excesivamente benévolo en la gestión de las protestas universitarias que surgieron en ese momento de orientación antifranquista.
Ya en los años sesenta inició un camino de crítica hacia la Dictadura con la que tan estrechamente había colaborado. Fundó la revista Cuadernos para el Diálogo, de orientación democristiana. Desde él inició la defensa de la democratización de España y la necesidad de conciliación entre derechas e izquierdas tras la Guerra Civil. Junto a Dionisio Ridruejo, tal vez fue el opositor antifranquista más famoso con pasado de estrecha participación estrecha en la dictadura. Destacó por su defensa pública de los derechos humanos en un contexto de frecuente atropello de éstos.
Fue uno de los dirigentes y candidatos de la Federación de la Democracia Cristiana en las elecciones democráticas a Cortes de 1977, grupo político coliderado con el ex dirigente de la CEDA durante la Segunda República, Gil-Robles. La opción centrista por él defendida cosechó un estrepitoso fracaso frente a la UCD de Adolfo Suárez. El revés llevó a Ruiz-Giménez a abandonar la política. Retornó, no obstante, en los años ochenta a la primera escena política gracias a ocupar el cargo de Defensor del pueblo, a propuesta del PSOE y con el respaldo de todas las fuerzas políticas democráticas del momento. Entre 1989 y 2001 fue presidente de UNICEF en España. Su obra intelectual y publicística es considerable. Su biblioteca personal la donó a la Universidad Autónoma de Madrid y su archivo personal, a la Universidad Carlos III.
miércoles, 19 de agosto de 2009
Uno de los pasos simbólicos de la Transición democrática española fue la legalización de la ikurriña, bandera y símbolo del nacionalismo vasco. Sucedio a principios de 1977 y supuso un paso hacia el reconocimiento del autogobierno vasco que concluyó con la aprobación del denominado Estatuto de autonomía de Guernica, actualmente vigente, en 1979. A través de él, y en el marco de la Constitución española de 1978, se reconocía el derecho al autogobierno de las provincias o territorios históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, agrupados en una comunidad autónoma cuya denominación más habitual para los nacionalistas fue la de Euskadi, y para los no nacionalistas, País Vasco. Navarra, en donde una parte de la población compartía y comporte aún actualmente una voluntad de vínculo con el País Vasco, quedó fuera y se constituyó en una comunidad autónoma, la Comunidad Foral de Navarra, por voluntad de sus representantes políticos democráticamente elegidos. En todo caso, el actual estatuto autonómico vasco reconoce la opción y el derecho de los navarros, si lo desearan, de incorporarse a la Comunidad autónoma vasca de acuerdo al procedimiento establecido en la disposición transitoria cuarta de la actual constitución española.
El Estatuto de Guernica fue aprobado por las Cortes Generales y ratificado por los vascos en referéndum. UCD y PSOE apoyaron el proyecto, al igual que el PNV -que lo negoció de modo muy directo-, entonces liderado por Xabier Arzallus. El PNV, que era la fuerza política principal, se había abstenido en el referendum constitucional por no considerar suficiente el reconocimiento que se hacía de los derechos históricos forales en él, sin aceptación interpretativa del derecho a la autodeterminación dentro del Estado español. ETA y su brazo político, Herri Batasuna, se opusó frontalmente al proceso autonómico vasco pues aspiraba a lograr la independencia por la fuerza e intensificó la actividad terrorista que ya había iniciado en el franquismo.
El retorno de Tarradellas del exilio en 1977 supuso la restauración de la Generalitat, la institución de autogobierno de Cataluña de la Segunda República que Franco abolió durante la Guerra Civil. En 1978, España se dotó de una constitución. Ésta reconoce el derecho a la autonomía de las regiones y las nacionalidades, y Cataluña junto al País Vasco fueron de las primeras en ejercerlo: en 1979 se aprobó por las Cortes Generales y ratificó el pueblo de Cataluña en referéndum el denominado Estatuto de Autonomía de Sau. El restablecimiento provisional de la Generalitat ahora era definitivo y exigía la convocatoria de unas elecciones para elegir a los miembros del Parlament de Catalunya.
Este vídeo es un ejemplo del tipo de publicidad política de los primeros años de la Transición Democrática, muy diferente a la actual. En este caso, además, podemos ver a un político retirado que tiene una notable trascendencia pública como comunicador, el ex-ministro Eduard Punset, en aquella época dirigente de UCD en Cataluña.
domingo, 9 de agosto de 2009
Regresamos de unos días de vacaciones y lo hacemos con una nueva serie, en la que vamos a abordar las elecciones de la actual etapa democrática española, empezando por la Transición. Y en buena medida, la búsqueda de información nos ha permitido conocer en profundidad una iniciativa que merece reconocimiento: el archivo documental de RTVE que podemos consultar directamente a través de su portal Web.
Entre los recursos que aquí incorporamos destacamos estos dos vídeos de TVE que recuerdan la celebración de las primeras elecciones municipales democráticas tras la Dictadura de Franco, de abril de 1979. También incluimos dos interesantísimos registros de audio de la publicidad electoral de esas mismas elecciones de Unión de Centro Democrático (UCD), Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Comunista de España (PCE).
Las elecciones municipales de 1979 permitieron la elección democrática de los concejales de todos los ayuntamientos españoles. De entre ellos, se elegía -hoy sigue siendo así- al alcalde. Durante la Dictadura, la representación en los ayuntamientos era corporativa; los concejales no eran elegidos democráticamente. El alcalde, en las capitales de provincia, era elegido directamente por el Gobierno, y en los restantes municipios, por el Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento. Los alcaldes eran, a su vez, jefes locales del Movimiento Nacional, o sea, del entramado político-institucional de la Dictadura.
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