En apenas unos días se van a cumplir 11 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco, concejal del pueblo vizcaíno de Ermua (Vizcaya). Fue uno del casi ya millar de asesinatos perpetrados por ETA, mas tal vez ha sido el que más repercusión mediática y social ha tenido, no sólo en el País Vasco y en el conjunto de España, sino también en el ámbito internacional.
El día 10 de julio de 1997 un comando de ETA secuestró a este joven concejal, cuando se dirigía en tren de cercanías a su trabajo tras almorzar en casa de sus padres. Días antes la Guardia Civil había liberado al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, secuestrado por ETA desde hacía un año, con el ánimo de forzar un cambio de la política penitenciaria del Gobierno, entonces presidido por José María Aznar. Tanto Ortega Lara como Miguel Ángel Blanco eran miembros del Partido Popular.
Al poco de conocerse el secuestro, ETA emitió un comunicado, ultimátum, en el que pedía al Gobierno de España el reagrupamiento de los presos miembros de la organización terrorista en el País Vasco, entonces dispersos por cárceles de toda España. El plazo era corto: 48 horas. Si el Gobierno español no se sometía al chantaje, Miguel Ángel Blanco sería “ejecutado”. Fueron horas angustiosas en las que el pueblo vasco y español en su conjunto reaccionó en masa y se echó a las calles pidiendo la liberación del joven secuestrado. Las críticas más airadas se dirigieron entonces hacia la organización Herri Batasuna, hoy ilegalizada, que actuaba como cobertura política de ETA. Pese al esfuerzo de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Ertzainza, no fue posible localizar al secuestrado y ETA, fatídicamente, cumplió su amenaza: en la tarde del día 13 de julio, en la cuneta de una carretera en la proximidad de Lasarte (Guipúzcoa), abandonó el cuerpo aún agonizante del secuestrado. Al poco rato murió en un hospital de San Sebastián.
Una reacción de indignación popular se apoderó de las calles del País Vasco, de Madrid, Barcelona y las principales ciudades españolas. En ese sentido, este atentado supuso un hito en la lucha antiterrorista pues marcó claramente la voluntad popular, también en el País Vasco, de enfrentarse abiertamente a la violencia de ETA y sus colaboradores. Se llegó a hablar del Espíritu de Érmua y en torno a él también se desarrolló una voluntad de colaboración de todos los partidos políticos democráticos en la lucha contra ETA que, pasado el tiempo, acabó diluyéndose por diferencias entre éstos. Un ejemplo de ello lo tenemos en el tratamiento de que la efemérides se hace en el el siguiente documental de Libertad Digital y en el editorial de Cuatro con motivo del juicio a los asesinos de Francisco Tomás y Valiente, quien fue magistrado progresista y presidente del Tribunal Constitucional.
El día 10 de julio de 1997 un comando de ETA secuestró a este joven concejal, cuando se dirigía en tren de cercanías a su trabajo tras almorzar en casa de sus padres. Días antes la Guardia Civil había liberado al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, secuestrado por ETA desde hacía un año, con el ánimo de forzar un cambio de la política penitenciaria del Gobierno, entonces presidido por José María Aznar. Tanto Ortega Lara como Miguel Ángel Blanco eran miembros del Partido Popular.
Al poco de conocerse el secuestro, ETA emitió un comunicado, ultimátum, en el que pedía al Gobierno de España el reagrupamiento de los presos miembros de la organización terrorista en el País Vasco, entonces dispersos por cárceles de toda España. El plazo era corto: 48 horas. Si el Gobierno español no se sometía al chantaje, Miguel Ángel Blanco sería “ejecutado”. Fueron horas angustiosas en las que el pueblo vasco y español en su conjunto reaccionó en masa y se echó a las calles pidiendo la liberación del joven secuestrado. Las críticas más airadas se dirigieron entonces hacia la organización Herri Batasuna, hoy ilegalizada, que actuaba como cobertura política de ETA. Pese al esfuerzo de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Ertzainza, no fue posible localizar al secuestrado y ETA, fatídicamente, cumplió su amenaza: en la tarde del día 13 de julio, en la cuneta de una carretera en la proximidad de Lasarte (Guipúzcoa), abandonó el cuerpo aún agonizante del secuestrado. Al poco rato murió en un hospital de San Sebastián.
Una reacción de indignación popular se apoderó de las calles del País Vasco, de Madrid, Barcelona y las principales ciudades españolas. En ese sentido, este atentado supuso un hito en la lucha antiterrorista pues marcó claramente la voluntad popular, también en el País Vasco, de enfrentarse abiertamente a la violencia de ETA y sus colaboradores. Se llegó a hablar del Espíritu de Érmua y en torno a él también se desarrolló una voluntad de colaboración de todos los partidos políticos democráticos en la lucha contra ETA que, pasado el tiempo, acabó diluyéndose por diferencias entre éstos. Un ejemplo de ello lo tenemos en el tratamiento de que la efemérides se hace en el el siguiente documental de Libertad Digital y en el editorial de Cuatro con motivo del juicio a los asesinos de Francisco Tomás y Valiente, quien fue magistrado progresista y presidente del Tribunal Constitucional.
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