¿Instauración o restauración monárquica?

El día 22 de noviembre de 1975 don Juan Carlos de Borbón asume la Jefatura del Estado español en cumplimiento de lo dispuesto por el ordenamiento franquista. Seis años antes, el General Franco lo había designado sucesor en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sucesión de 1947, con funciones propias de un monarca autoritario (monarquía del 18 de Julio o del Movimiento Nacional) recogidas de forma precisa en el artículo 6 de la Ley Orgánica del Estado, la última de las Leyes Fundamentales de la Dictadura. En aquellos momentos los planes políticos del nuevo rey, Juan Carlos I, eran una incógnita. Con muchas dificultades fue capaz de liderar un proceso de reforma desde las propias instituciones franquistas que llevó a la convocatoria de elecciones generales democráticas en junio de 1977.

Unas semanas antes, en un acto de gran significación política aunque de poca trascendencia pública, don Juan de Borbón, hijo de Alfonso XIII y titular de los derechos dinásticos, comprobado que su hijo, designado por Franco saltándose la línea sucesoria, había hecho evolucionar el régimen franquista hacia uno democrático, renunció a sus derechos en un acto celebrado en el Palacio de la Zarzuela. El Gobierno de aquel momento, presidido por el reformista Adolfo Suárez, no quiso que el acto fuese de carácter oficial pues estimaba que, de serlo, implicaría un demérito de legitimidad hacia la actual monarquía pues se cuestionaría la decisión del anterior Jefe de Estado. Celebradas las elecciones generales de 1977, las Cortes elegidas, que adquirieron el carácter de constituyentes, elaboraron y aprobaron una constitución, la Constitución de 1978, que reconoció a la monarquía como forma de estado o gobierno, eso sí, monarquía no autoritaria, sino monarquía parlamentaria, con pleno sometimiento del Rey y la Corona a la soberanía nacional del pueblo español.