Holodomor es el nombre que comúnmente recibe el genocidio que se produjo en Ucrania entre 1932 y 1933, cuando el país estaba sometido a la dominación soviética estalinista. La politica de persecución de la población campesina propietaria de tierra se intensificó sobremanera en esos años en toda la URSS, pero especialmente en Ucrania, donde las autoridades confiscaron casi la totalidad de la producción de cereales con el ánimo de producir una hambruna que diezmara una población poco proclive a los planes de colectivización acelerada de Stalin. Es muy difícil cuantificar el número exacto de muertes pues, en ese contexto de desnutrición, las enfermadades epidémicas se extendieron sobremanera y muchas veces son identificadas como víctimas de éstas a quienes, en origen, lo fueron de la hambruna. Tampoco los registros demográficos soviéticos facilitan datos fiables. El número de fallecidos oscila, según estimaciones, entre más de millón y medio, hasta siete millones.
Aunque algunos historiadores y especialmente en su momento la URSS minimizaron el impacto de los hechos, hoy es opinión comúnmente extendida entre la comunidad historiográfica la responsabilidad de Stalin en los hechos y el carácter intencional de la hambruna. Las dudas, tal como hemos apuntado, se centran más en las dimensiones. Tras la desaparición de la Unión Soviética, Ucrania logró su independencia y las autoridades han reivindicado públicamente los hechos, logrando el reconocimiento de la atrocidad como genocidio en el ámbito político internacional. La ONU, en 2003, reconoció los hechos como genocidio; igual hizo el Parlamento Europeo en 2008. España, como estado, se ha sumado a este reconocimiento del carácter criminal de la persecución del pueblo ucraniano.
Hace apenas unos días, el Holodomor alcanzó cierta repercusión mediática en España con motivo del rechazo de una propuesta parlamentaria, del diputado Jordi Xuclá, del grupo catalán de Convergencia i Unió, que pedía la inclusión del contenido de estudio y condena de este genocidio en los currículos escolares españoles. La propuesta fue rechazada, con el voto de grupos de izquierda, incluido el PSOE, aunque el motivo utilizado por quienes se opusieron a ello fue la improcedencia formal de la petición en el sentido de que la aprobación de los contenidos a enseñar no es competencia de las Cortes Generales, sin que por ello se deduzca, en modo alguno, que España o grupos políticos mayoritarios en el país cuestionen los hechos y su gravedad.
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