Estas últimas semanas el juez Baltasar Garzón ha sido noticia como consecuencia de la apertura de juicio oral en el Tribunal Supremo contra su persona como presunto autor de un delito de prevaricación en la causa abierta en la Audiencia Nacional española comúnmente conocida como Memoria Histórica del franquismo. Como consecuencia de ello ha sido apartado provisionalmente de su función de magistrado por el Consejo General del Poder Judicial.
Nuestra atención no se centra hoy en esa polémica judicial y política, sino en una de sus gestiones, tal vez la más conocida a nivel internacional: la detención y la petición de extradición del que fue presidente de Chile y dictador del país durante casi dos décadas, el general Augusto Pinochet. Aunque había abandonado el gobierno en 1990, Pinochet mantenía la condición de senador vitalicio, en un marco constitucional confeccionado a su medida durante la dictadura. Confiado, como en ocasiones anteriores, Pinochet viajó a Londres, donde se sometió a una operación quirúrgica en octubre de 1998. Fue entonces cuando la policía británica lo detuvo. El juez español Baltasar Garzón pidió su extradición en aplicación del principio de justicia universal. La denuncia de varios familiares de desaparecidos de origen español fundamentó la decisión, pero también fue apoyada por peticiones de otros países europeos como Francia y Suiza. El tema se complicó sobremanera, desde el punto de vista diplomático, pues el gobierno democrático de Chile, sometido a fortísima presión por el Ejército chileno y simpatizantes de la dictadura, pidió la liberación del general, situación a la que se resistían las autoridades políticas y judiciales británicas una vez recibidas las peticiones. La fiscalía española también se opuso a la extradición, y lo hizo, contra el criterio de Garzón, apoyándose en que los delitos supuestamente perpetrados por Pinochet no merecían la condición de genocidio en términos aceptados por el derecho internacional. Tras varios pronunciamientos judiciales en Reino Unido, incluida apelación judicial a la Cámara de los Lores, finalmente Pinochet fue expulsado del país por razones humanitarias en enero de 2000 y pudo regresar a Chile. Murió en diciembre de 2006. Nunca fue juzgado por sus crímenes de estado, pero la situación creada con motivo de su detención en Londres apoyó más aún si cabe las iniciativas favorables a la implantación de mecanismos judiciales efectivos a nivel mundial de persecución de dirigentes políticos responsables de violaciones de derechos humanos, incluidos los que aún están en ejercicio. Un recientísimo y paradigmático caso es la orden de la Corte Penal Internacional contra el actual presidente de Sudán, Bashir, acusado de genocidio en la represión de civiles en Darfur.
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