sábado, 7 de junio de 2008

Repaso de contenidos y errores: Manifiesto de la Corona

La oportunidad se deja alcanzar sólo por quienes la persiguen.
H. Jackson Brown

No se trata de comentar el Testamento de Franco, pronunciado ante las cámaras de TVE por el entonces Presidente del Gobierno, Arias Navarro, sino de hacerlo del discurso que pronunció el actual Rey, don Juan Carlos de Borbón, ante las Cortes Españolas y el Consejo del Reino, el día 22 de noviembre de 1975, comúnmente conocido como Mensaje de la Corona. Asume en ese momento la Jefatura del Estado y lo hace de conformidad a la legalidad franquista recogida en las Leyes Fundamentales del Reino. Es trata de un momento crucial en la Historia de España: dos días antes había fallecido el General Franco, quien había sido Jefe de Estado durante cuarenta años y cabeza superior de un régimen dictatorial que, de hecho, pretende prolongarse a través de la instauración -que no restauración- de una monarquía autoritaria en Juan Carlos I: la monarquía del 18 de Julio o del Movimiento Nacional.

Las palabras de don Juan Carlos de Borbón, parte de ellas, son objeto de uno de los comentarios de la opción 2 de la PAU de este año. ¿Qué pretendía el Rey con ellas? ¿Qué línea política se defiende? Precisamente la dificultad del texto estriba en que ambas preguntas no tienen una respuesta muy directa. Hoy sabemos inequívocamente que el actual Rey pretendía impulsar un proceso de reforma por el cual se pasase en un plazo corto de la institucionalidad franquista a un régimen democrático, precisamente a través de cambios en el propio régimen conforme al cual asumía la Jefatura del Estado. Pero eso no estaba muy claro en ese momento: muchos españoles, especialmente de la oposición democrática, veían a don Juan Carlos como un continuador de Franco. De hecho fue éste quien, en 1969, de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Sucesión de 1947, lo había designado su sucesor. No obstante, una lectura atenta del texto permite reconocer un acento reformista, al menos en algunos puntos del discurso, atemperado obviamente por el auditorio, en ese momento muy vinculado al recuerdo del General Franco, recientísimamente fallecido. Hay referencias muy directas, por ejemplo, al papel político del Ejército -institución con un peso enorme en la Dictadura y a la cual Franco había encomendado obediencia al nuevo Rey-, a la confesionalidad de la Corona, elogios al legado político y de prosperidad económica del franquismo. Aún así los franquistas más recalcitrantes, aquellos que no deseaban ningún cambio sino la continuidad de la Dictadura, el búnker, no terminaban de convencerse de la lealtad de Juan Carlos I al pasado. No se equivocaban.

Aunque el Rey quería impulsar la reforma con cierta rapidez, y de hecho las propias atribuciones de Jefe de Estado que le otorgaba la Ley Orgánica del Estado eran muchas y le facilitaban el paso, tuvo que actuar con prudencia cuando no con dificultad. Sobre esos esfuerzos han de girar las consecuencias del texto. Dentro del régimen contó pronto con el apoyo de Torcuato Fernández Miranda, al que colocó como Presidente de las Cortes Españolas. Pero tuvo que mantener a Arias Navarro, el último Presidente del Gobierno con Franco. Sí logró forzar un cambio ministerial en el que colocó a algunos ministros reformistas como Areilza, Ossorio, Fraga... No obstante, este gobierno no fue capaz de impulsar un plan sólido de reforma política. La oposición democrática estaba, a su vez, más movilizada y unida que nunca, ahora agrupada en la Platajunta. Don Juan Carlos confluyó que era imprescindible un cambio: en julio de 1976 relevó a Arias Navarro por un nuevo Presidente del Gobierno, Adolfo Suárez. Hombre joven per que había hecho su carrera política vinculada al régimen, pronto destacó por su audacia. Een el otoño de 1976 logró algo hace meses casi impensable: que las propias Cortes Españolas (franquistas) aceptasen su propio suicidio político, en este caso, la aprobación de una octava Ley Fundamental, la Ley para la Reforma Política, que sentaba las bases de elecciones generales democráticas y pluripartidistas, elecciones que acabaron celebrándose en junio de 1977, con participación de prácticamente la totalidad de partidos políticos, incluido el PCE, y que operó como el punto de partida o arranque del proceso constituyente que concluyó con la aprobación de la Constitución actual en 1978.

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