Extrema derecha y Transición

En los últimos años de la Dictadura franquista, la clase política que apoya el régimen muestra signos de división: es lo que comúnmente se denominan las “familias” del régimen que ahora, más que diferenciarse por razones ideológicas como ocurrió en los años treinta y cuarenta (falangistas, carlistas, monárquicos, católicos...), ahora lo hacen en razón de qué planes tienen para el país a la muerte del Dictador. Entre éstos, sin mucho poder directo pero gran influencia, está el que se denomina “búnker” o inmovilistas, partidarios de que tras Franco se mantenga el régimen sin variación. Su lema más conocido es “después de Franco, las instituciones”. Pronto se vieron desbordados, especialmente desde finales de los sesenta, por los denominados aperturistas. Quieren que perdure el régimen, sí, pero modernizado, con ciertos márgenes de libertad y pluralismo político. Su campo de batalla será la defensa del denominado Proyecto de Asociaciones por el cual cabría aprobar la legalización de asociaciones politicas incluso fuera del Movimiento Nacional. Los reformistas propiamente dichos, o sea, los partidarios de que tras la Dictadura se abra paso un proceso de reforma de las instituciones franquistas hacia la democracia, son muy pocos aún antes de la muerte de Franco. Cuando el rey Juan Carlos I ocupe la Jefatura del Estado, su influencia será mucho mayor pues sus planes coinciden con los del monarca.

Volviendo al búnker, cuyos líderes más significados eran Girón de Velasco y Blas Piñar, muerto Franco, se opusieron de forma frontal a la aprobación de la Ley para la Reforma Política, tanto en las Cortes Españolas (noviembre de 1976) como en el referéndum popular convocado en diciembre de 1976, sin éxito alguno. Su principal grupo político fue Fuerza Nueva, convertido entonces en partido político. Varios grupos de extrema derecha franquista se presentaron a las primeras elecciones generales de 1977, y no obtuvieron ni siquiera un escaño. No sucedió igual en las elecciones de 1979 donde, aunque con un resultado muy pobre, sí lograron un escaño –Blas Piñar por Madrid- agrupados en Unión Nacional.

Durante la Transición la extrema derecha alentó varios intentos de golpe de estado militar y fomentó una estrategia callejera de tensión a través de sus jóvenes militantes, algunos de ellos imputados y condenados como autores de atentados como el de los abogados laboralistas de la Calle Atocha de Madrid (enero de 1977). Su programa se basaba fundamentalmente en la crítica de la reforma democrática, particularmente tras la aprobación de la Constitución de 1978, de la creación del estado de las autonomías. También criticó con dureza la supuesta debilidad del estado en la lucha contra ETA. Tras el Golpe de Estado de 1981, la extrema derecha en España sufre un proceso de profunda división y debilitamiento. Hasta la actualidad, ninguna de sus candidaturas ha obtenido representación parlamentaria, ni en las Cortes Generales ni en Parlamento autonómico alguno.

La Constitución de 1978

Ahora que estamos estudiando la Constitución de 1978 en clase, tal vez sea el momento de reseñar algunos aspectos relevantes referidos a su elaboración:

1. Es la única constitución española contemporánea de consenso. Por primera vez, casi sin excepciones, los grupos políticos españoles se sumaron al acuerdo general de dotar al país de una constitución compartida por todos. Obviamente, si el acuerdo fue posible, se debió a que nadie impuso condiciones irrenunciables y hubo un verdadero ánimo de pacto o acuerdo. De los grupos políticos representados en las Cortes Generales, sólo el PNV se abstuvo, y algunos diputados, la minoría de Alianza Popular, votaron en blanco o en contra. De hecho su líder de entonces, Fraga, votó a favor además de ser uno de los siete ponentes de la Constitución.

2. Aunque formalmente las constituciones democráticas exigen que su elaboración sea realizada por una asamblea constituyente (parlamento elegido con la voluntad inequívoca por parte de los ciudadanos de que esos representantes son los que van a elaborar una constitución). De hecho eso no sucedió en las elecciones generales de junio de 1977. Fueron las primeras elecciones democráticas desde la Segunda República y se celebraron conforme a lo dispuesto en la Ley para la Reforma Política, ratificada en referéndum. Sólo se pactó algunos aspectos formales, con posterioridad, con la oposición democrática. Una vez elegidas las Cortes democráticas, sin casi excepción, los diputados y los senadores interpretaron el momento político y procedieron a iniciar los trabajos de elaboración de un proyecto de constitución: por tanto adquirieron el carácter de Cortes constituyentes.

3. Aunque fueron los ponentes, siete en total -Gabriel Cisneros, José Pedro Pérez Llorca, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Gregorio Peces Barba, Miquel Roca, Manuel Fraga y Jordi Solé Tura-, los que elaboraron el anteproyecto de constitución, realmente los temas más espinosos fueron pactados fuera de la ponencia por UCD y PSOE, principalmente a través de sus representantes Abril Martorell y Alfonso Guerra.

4. De los temas más polémicos, tal vez hay alguno que nos puede sorprender hoy, treinta años después, como el del mantenimiento de los tribunales de honor militares, algo totalmente incompatible con el actual estado de derecho y de opinión pública. Aunque los temas de la forma de estado -monarquía vs república- y relación Iglesia-Estado -confesional, aconfesional, laico- habían sido muy polémicos en constituciones anteriores, especialmente en las de 1876 y 931, en esta ocasión no lo fueron tanto ni mucho menos. La derecha ya había asumido claramente la aconfesionalidad del estado -de hecho auspiciada por la propia Iglesia desde el Concilio Vaticano II-, y la izquierda asumió que era impensable y desestabilizador convocar un referéndum preconstitucional sobre la forma de estado, más cuando se comprobaba la inequívoca apuesta de la Corona y del Rey, don Juan Carlos I, por la vía democrática. Más polémica hubo con motivo de la creación de las bases del estado autonómico, donde la inclusión del término "nacionalidades" en el artículo 2 fue motivo de encendida polémica por parte de los grupos políticos más centralistas, especialmente Alianza Popular y, en menor medida, UCD (Unión del Centro Democrático).

Golpe de estado: 23 F

Durante la Transición hubo varios intentos de golpe de estado. Normalmente eran planes de intervención militar urdidos por oficiales que tenían la pretensión de influir políticamente en la gobernación del Estado. El Ejército fue una institución que había gozado de mucho poder e influencia durante la Dictadura de Franco y una parte importante de sus oficiales veían con temor el proceso de apertura democrático abierto. Su atención se centraba en el rechazo al proceso de concesión de autonomías a las regiones y las nacionalidades conforme a lo dispuesto en la Constitución de 1978, y la forma que se seguía para luchar contra el terrorismo. ETA, en esos años, recrudeció su actividad y tuvo a miembros de la Policía, la Guardia Civil y el Ejército como principales blancos. Las acciones golpistas fueron alentadas por grupos políticos de extrema derecha, especialmente por partidos políticos como Fuerza Nueva o diarios como El Alcázar y El Imparcial.

No obstante, el más grave de los intentos fue el producido el 23 de febrero de 1981: el Teniente Coronel Tejero entró con un grupo de guardias civiles en el Congreso de los Diputados e interrumpió la votación de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como Presidente del Gobierno. Mal organizado, el golpe de estado fue desbaratado en horas. La posición del Rey, Jefe de las Fuerzas Armadas, oponiéndose al acto de fuerza, fue determinante en su fracaso. Se detuvo a una veintena de implicados, casi todos oficiales del Ejército, entre los que destacaban Alfonso Armada, antiguo preceptor militar del Rey, y Jaime Milans del Bosch, Capitán General de la Región Militar con cabeza en Valencia.

Adolfo Suárez

Ahora que estamos ya estudiando "en profundidad" la Transición Democrática, es difícil referirse a esa etapa de la Historia de España sin hacerlo a Adolfo Suárez, Presidente del Gobierno entre julio de 1976 y febrero de 1981.

Adolfo Suárez cuando llega a la Presidencia del Gobierno es un hombre joven, apenas 43 años, pero con una dilatada vida política en el régimen franquista. Abulense de nacimiento, su ascenso político se lo debió en gran medida a la protección de Fernando Herrero Tejedor, falangista miembro del Opus Dei, y que había defendido en su momento con energía la candidatura de don Juan Carlos de Borbón como sucesor de Franco. Entre otros cargos, Adolfo Suárez fue Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento Nacional en Segovia y Director General de TVE a principios de los setenta. De esa época data el inicio de una relación fluida y cordial con el entonces Principe de España, don Juan Carlos de Borbón, cuya imagen cuidó especialmente.

A la muerte de Franco, entró a formar parte del primer gobierno de la Monarquía, gobierno presidido por Arias Navarro pero en el que el Rey impuso la entrada de algunos reformistas como Areilza o Fraga. En ese gobierno, Adolfo Suárez ocupó el cargo de Ministro Secretario del Movimiento Nacional. Meses después, en julio de 1976, fue nombrado Presidente del Gobierno por el Rey tras una maniobra hábil en la que contó con la complicidad de Torcuato Fernández Miranda para que el nombre del joven ministro apareciese en la terna de candidatos propuesta por el Consejo del Reino, de entre los cuales el Rey debía escoger uno.

Su nombramiento produjo una gran decepción entre la oposición democrática pues se desconocía que este joven político tan vinculado al Movimiento Nacional y que no se había precisamente significado como reformista, pudiese liderar el proceso político de cambio. Sí lo hizo: en apenas unos meses logró impulsar el proceso de reforma político por el cual desde el régimen franquista fue posible la convocatoria de elecciones generales pluripartidistas democráticas en junio de 1977 tras la aprobación por las Cortes Españolas de la Ley para la Reforma Política y posterior ratificación en referéndum.